A través de estos sistemas es posible crearla, por lo que, una vez satisfechos los requisitos formales de creación se cuenta con criterios de aplicación obligatoria que, en el contexto mexicano y dada su publicidad, es posible conocer y aplicar a los casos semejantes. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Copyright © 2016 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. | Todos los derechos reservados. Así, un dato a tomar en consideración es que, históricamente, la preocupación por controlar los excesos de los poderes ha estado centrada en el Ejecutivo y el Legislativo -como advierte Héctor Fix-Zamudio- ya que, si en la Constitución de 1824 el énfasis y la concentración de poder se inclinaba hacia el Legislativo, la redacción de la Constitución de 1857 como la de 1917 claramente reforzaban de varias formas la posición del Ejecutivo federal (Fix-Zamudio, 1967).34. - Evitar imponer una carga adicional en los ciudadanos que se ven obligados a gastar recursos para estar en posibilidad de ejercitar un derecho cuando se trata de derechos que ya son plenamente reconocidos por la jurisprudencia. Obituarios 39. ), Internacionalización del derecho constitucional, constitucionalización del derecho internacional, Buenos Aires, Eudeba. De tal envergadura es la jurisprudencia que se afirma, que incluso el ejercicio de la proporcionalidad en la práctica constitucional no sería plausible sin precedentes (reglas-resultado de la ponderación) (Clérico, 2015: 77). La discusión que aquí propongo sugiere modificaciones a esa estructura institucional que impide el pleno desarrollo del llamado constitucionalismo de derechos humanos. En suma, se promueve que todos los niveles de gobierno, y los ciudadanos, se beneficien del alcance protector de la jurisprudencia, permitiendo que ésta despliegue su pleno potencial como una herramienta que, de manera natural, impulsa la protección de derechos al configurar y delinear su concreción. Ahora bien, la labor de la rama administrativa del Estado es central para la ejecución de las normas jurídicas y la conducción del propio Estado, de ahí la importancia de insistir en el análisis de sus actos. 12. Si bien se despliega por todo el sistema jurídico, cobra mayor importancia en los ámbitos penal, administrativo y tributario. tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, y contiene cuatro derechos fundamentales . These mechanisms will contribute to an effective protection of human rights in Mexico. No obstante, esta obligación de “conocer y aplicar” jurisprudencia está restringida a los órganos judiciales, aun cuando ésta se considera una fuente del derecho mexicano. La Constitución de 1857 ya estipulaba que las sentencias se debían publicar en un periódico, mismo que fue creado por el entonces presidente de la República, Benito Juárez García, mediante decreto el 8 de diciembre de 1870. Las Mundiales Leyendo la Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2018 (rec. El principio de legalidad, en otras palabras, significa la sujeción por parte de los Estados y poderes públicos a la ley y al proceso legislativo. Jurisprudencia a. Principio de Legalidad en Materia Administrativa [SALA PRIMERA]1 "VI.- En los contratos del Estado es necesario observar fundamentalmente el principio de legalidad, realizando la convención dentro de los cánones previstos en el ordenamiento jurídico y para los fines previstos en él. Crítica del principio de legalidad administrativa: sus roles y límites La buena noticia es que México ya cuenta con una institución de suficiente solidez que puede servir como una herramienta para tales efectos, que es la jurisprudencia, misma que hasta ahora ha sido subutilizada. Tecnología Las sentencias, como era previsible, aplicaron la ya conocida jurisprudencia estable y ordenaron a las autoridades responsables a emitir la credencial respectiva. La rama administrativa puede beneficiarse activamente de los procesos argumentativos de la rama judicial, asumiendo y aplicando la jurisprudencia como parte de la legalidad, permitiendo así que más personas reciban de primera mano sus beneficios como la forma más acabada de los derechos (Aldao, 2017: 95). Bibliografía. Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa", publicado el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación 2. La judicatura está llamada pues, a desempeñar un rol central en esa transformación (Von Bogdandy, 2017: 10) al estar en sus manos la interpretación del derecho de acuerdo con los principios contenidos en la Constitución, e informar con dichas lecturas el sistema jurídico en su totalidad. PARA CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE LEGALIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL, DEBEN CONTENER EL LUGAR Y LA FECHA DE SU EMISIÓN. Al respecto, si bien es cierto que la legalidad administrativa implica la sujeción de los órganos de la administración pública a la ley, también lo es que la legalidad implica el sometimiento de la propia ley a la Constitución, lo cual determina su propia validez. Así pues, los elementos de cooperación, interdependencia y protección de derechos como los ejes rectores del principio de división de poderes no se contraponen a una legalidad robusta, sino que refuerzan la idea de que la aplicación de jurisprudencia por los órganos de la administración pública es parte de la legalidad robusta deficitaria del sistema de valores constitucional. La gran diversidad de criterios surgidos de la interpretación de la Constitución por parte de las jueces de distrito provocó la necesidad de implantar la fórmula (traída del common law), según la cual, las decisiones de los órganos superiores se constituyen como obligatorias para los órganos inferiores. Principio de tipicidad, X. Principio de . El principio de legalidad tributaria en la jurisprudencia mexicana - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Ley Fe - Id. ), Transformative Constitutionalism in Latin America, Nueva York, Oxford University Press. Jurisprudencia precedencial relevante . Sentencia C-710/01 . La práctica de confiar en la labor previa de tribunales autorizados, esto es, en los razonamientos previos que generan soluciones a cuestiones jurídicas que no encontraban una respuesta en el ordenamiento jurídico vigente por la razón que fuera, ha sido constante en diversos países, si bien con diversos matices. La limitación del actuar de los órganos administrativos tiene una justificación que radica en la protección de la esfera de los particulares de potenciales abusos y arbitrariedades, pero ¿qué ocurre si esa justificación deja de brindar sustento cuando la decisión del órgano administrativo amplía, promueve o fortalece el ejercicio de derechos del particular, mediante la aplicación de jurisprudencia? V. Hacia una legalidad robusta. El precedente judicial, referido a las sentencias -más propiamente, a los razonamientos contenidos en ella- de tribunales judiciales en un sistema jurídico con fuerza autoritativa que muestra a otros tribunales la forma de resolver controversias en casos semejantes, es una institución central en los sistemas jurídicos contemporáneos. 2. El Tribunal Constitucional estableció que la Ley número 14-93 no le otorga a la DGA facultad para imponer multas, por lo cual no podía fijar una sanción, porque “el hecho a sancionar y la sanción misma deben estar tipificadas en la ley”. Principio pro-reo. El contenido de la Constitución mexicana refleja que hay supremacía constitucional (artículo 133); existe división de poderes (artículo 49), el Congreso de la Unión emite las leyes conforme a un procedimiento previamente establecido (artículos 71-73); los actos de autoridad se deben sujetar a la Constitución y el juicio de amparo protege los derechos de los ciudadanos de posibles violaciones (artículos 103 y 107); hay control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridad (artículo 105); está prohibida la retroactividad de la ley; existe el derecho al debido proceso; persiste la exacta aplicación de la ley en materia penal y aplicación conforme a la ley o su interpretación en materia civil (artículo 14) y, finalmente, se contemplan los requisitos de los actos de autoridad (artículo 16) (Salazar, 1998: 201). Inconforme con esa decisión, la DGA la recurrió ante el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso de revisión y confirmó la sentencia impugnada. Si esto es así, al aplicar la jurisprudencia -desde una legalidad robusta- la administración pública daría cumplimiento a su obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, alineando su actuación al sentido material de la Constitución, al tiempo que preservaría la justificación originaria del principio de legalidad, a saber, proteger a los particulares de los abusos de la autoridad. Al tiempo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -más decididamente con la reforma constitucional de 2011- impone una obligación permanente de protección de los derechos humanos a todos los órganos del Estado,20 mantiene también una imposición de sujeción al principio de legalidad (según la concepción antes referida), cuya adherencia se ha manifestado históricamente como una adherencia estricta de los órganos administrativos a la letra de la ley. Lo que se pretende es superar el traslape de aspiraciones en conflicto mediante su síntesis y conciliación (Gargarella, 2017: 228). pio de legalidad valga en relación a los Poderes Ejecutivo y Ju-dicial, estaremos frente a un Estado de derecho (sin ulteriores especificaciones); allí donde el principio de legalidad se extien-de también al Poder Legislativo, estamos frente a un Estado constitucional de derecho. Blogs Actualmente, la Constitución mexicana recoge de manera formal todas las anteriores características para otorgarle la etiqueta de Estado constitucional de derecho, que a su vez reflejan el principio de legalidad al que se sujeta el Estado. Una nueva perspectiva (mirada) de la relación entre el derecho internacional y los ordenamientos jurídicos nacionales”, en Capaldo, Griselda et al. El tiempo mostró que el discurso, según el cual las respuestas a todos los problemas están en la ley, era falso, lo que condujo a la necesidad de reconocer abierta, aunque gradualmente, el papel creador de la jurisprudencia, con lo cual en la práctica, “el principio de legalidad tuvo que ensancharse para admitir la llegada del poder complementador e innovador de la jurisprudencia” (López, 2015: 15).11. Un claro ejemplo del efecto limitante de la concepción que mantenemos del principio de legalidad sobre la jurisprudencia mexicana al que nos referimos, se encuentra en las labores de las juntas distritales como órganos ejecutivos del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE. No obstante, es prudente matizar la lectura del sentido original de este principio, pues ni en la concepción clásica se hablaba de una tajante división del poder, lo cual habría sido inviable (García Roca, 2000: 47). Esta configuración permitió brindar certeza al ciudadano al saber que los órganos estatales sólo pueden actuar con fundamento en algún precepto legal. Tal conceptualización más robusta, me parece, va de la mano con la aspiración de materializar un auténtico Estado constitucional de derecho. En este contexto, no es sorprendente que la rama administrativa sea la más atrasada en esta implementación de derechos humanos, habida cuenta de que el impulso de su incorporación normativa vino del Legislativo y su aplicación ha sido asumida por el Judicial, sin que haya esfuerzos encaminados a asumir dicha tarea en las esferas de la rama administrativa del Estado,25 aun cuando dicha responsabilidad les incumbe como órganos del Estado. TC-08-2012-0091, relativo al recurso de casación interpuesto por José Luis Motors, C. por A. contra la Sentencia núm. Old Wine in New Skins”, en Von Bogdandy, Armin et al. Siguiendo la línea anterior, el principio de legalidad administrativa tiene en la actualidad un doble significado: la sumisión de los actos estatales emanados por la Administración Pública a las disposiciones emanadas de los cuerpos legislativos en forma de ley; y además el sometimiento de todos los . Tengo en mente a la jurisprudencia de la SCJN13 como uno de esos elementos estructurales sin el cual se advierte difícil el tránsito exitoso a un estado de cosas distinto. En el contrato objeto Magazine El principio de legalidad es una regla fundamental en el Derecho Ad-ministrativo; esto quiere decir, que todo acto Durante la vigencia de la Constitución de 1857, se expidió en noviembre de 1861, la ley orgánica de los artículos 101 y 102 constitucionales, es decir, la primera Ley de Amparo. De igual forma, el artículo 49 constitucional busca garantizar la legalidad de la función administrativa; sin embargo, dicho precepto debe ser analizado con detalle, toda vez en que este tiene un régimen de control revisor, al cual . Sostendré que la transición plena del Estado de derecho al Estado constitucional de derecho no podrá concretarse hasta en tanto los operadores y las instituciones con que se ha de materializar el cambio de paradigma en México -como es el caso de la jurisprudencia y el principio de legalidad- se conciban en términos de lo que este modelo requiere, lo cual hasta ahora no ha ocurrido, ya que, a siete años de distancia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, su aplicación, operación e impacto siguen siendo muy limitados. La incorporación en el ámbito interno de los Estados de ese derecho internacional de los derechos humanos, se ha llevado a cabo de diversas maneras con fórmulas que han permitido ahora el proceso inverso de constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos (Ferrer, 2018: 664-671). Tal afirmación se ha esgrimido como si se tratara de un argumento absoluto e irrefutable de configuración de la institución, a la luz del cual hemos observado el papel de la jurisprudencia y el precedente con la lente del más estricto legalismo, según fue concebido en sus orígenes. En esa concepción y práctica cotidiana de legalidad de la administración pública, por las razones recién expuestas, no tiene cabida (al menos no de manera natural) la maximización de derechos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. por Omar Lara Soto EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD OBLIGA A LA AUTORIDAD A ACTUAR DENTRO DEL MARCO LEGAL, SIN EMBARGO, EN EL NUEVO CONTEXTO JURÍDICO DICHO MARCO HA SIDO REBASADO. Así pues, amparados en nociones del constitucionalismo fundacional mexicano, se ha promovido un falso dilema, en el cual la aceptación y la aplicación en el ámbito de las autoridades administrativas de las interpretaciones del Poder Judicial federal23 (lo cual, por cierto, ya ocurre aisladamente) son una amenaza al principio de legalidad (administrativa) o incluso una violación al principio de división de poderes. constitucional- el Poder Judicial interpreta las normas relativas a derechos humanos de acuerdo con la propia Constitución y los tratados internacionales. Ésta es una de ellas. Las obligaciones en materia de derechos humanos, que ha de asumir la administración pública, son compatibles y realizables desde la concepción de la legalidad robusta de la que hablamos. Aunque algunas Constituciones de las entidades federativas facultan al pleno de los tribunales superiores de justicia para crear su propia jurisprudencia sobre legislación local, lo cierto es que los sistemas de creación de jurisprudencia estatales son débiles y sus criterios son poco citados, pues recordemos que los tribunales locales están obligados por la jurisprudencia federal. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, t. III, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. El principio de legalidad, hoy, significa además: a) Que no sólo la Administración Pública sino todos los poderes públicos, en su más amplio sentido, están sujetos a la Ley. Lo cierto es que, aunque el acto administrativo es unilateral y su emisión goza de una presunción de validez por razones prácticas, ésta no es absoluta y no es razonable admitir -en el contexto constitucional en que nos encontramos- que los actos administrativos descansen en la aplicación ciega de la ley sin tomar en consideración la riqueza de la jurisprudencia que versa sobre esa misma ley (Palomo, 2015: 47-59). Esta constatación está directamente relacionada con las diversas observaciones que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han hecho acerca de la falta de cumplimiento de las autoridades mexicanas de los estándares internacionales en materia de derechos humanos en una larga lista de rubros. Gudiño Pelayo, José de Jesús, 2001, Ingeniería judicial y reforma del Estado, México, Laguna. Londoño Lázaro, María Carmelina, 2010, “El principio de legalidad y el control de convencionalidad de las leyes: confluencias y perspectivas en el pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLIII, núm. En mi opinión, la propia objeción adquiere matices distintos cuando se la mira a la luz del constitucionalismo que México ha abrazado e incorporado. Hubo nuevas reformas constitucionales en 1967, relativas a la concurrencia de la Corte y los tribunales colegiados para conocer asuntos y cuestiones de legalidad; la separación de la competencia por materia, cuantía, grado, trascendencia, entre otros. La Vida El problema surge cuando se advierte que la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de todas las autoridades mexicanas no es realizable o mínimamente alcanzable mientras se mantenga -como hasta ahora- la adhesión a ultranza a una concepción de legalidad anclada en unos presupuestos fundacionales distintos a los que ahora fundamentan nuestra Constitución Política.19. De hecho, es uno de los principios sobre los que se sustenta el Derecho Administrativo, es decir, el aplicable a la administración pública. Algunos constitucionalistas refieren que las estructuras y configuraciones constitucionales actuales han superado la noción clásica del principio (Fix-Zamudio, 1967: 30 y 64; García Roca, 2000: 56). El estado de cosas descrito nos obliga a preguntarnos qué se puede hacer al respecto, dado que deseamos alcanzar una protección efectiva de los derechos humanos sin perder los avances logrados en lo que al Estado de derecho se refiere. Fundamentando su actuar en el principio de legalidad, las autoridades administrativas negaron a los ciudadanos la credencial para votar, obligando a cientos de ellos a interponer juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a fin de obtener su credencial, mismos que fueron resueltos por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si bien es innegable que el Estado moderno está anclado en el principio de la separación de poderes, cuya función ha sido siempre limitar al poder para evitar su ejercicio abusivo (García Roca, 2000: 44), en este sentido, la asignación de tareas específicas al Ejecutivo, Legislativo y Judicial explica la manera en que cada uno opera como contrapeso del resto. Partimos de la premisa de que el ciudadano debe poder ejercer sus derechos y que éstos sean exigibles a las autoridades sin la necesidad de llevarlos a la arena judicial, por lo cual, el remedio idóneo se encuentra en el ámbito competencial y de intervención inicial de cada autoridad estatal. El principio de legalidad es la garantía y tutela de la seguridad jurídica. Cuando se habla de precedentes, se hace referencia a los criterios interpretativos aislados, contenidos en las sentencias judiciales de los tribunales autorizados para ello, que aún no cumplen el número de reiteraciones necesarias para formar jurisprudencia. - Retirar la gravosa carga impuesta a los ciudadanos de llevar al ámbito judicial asuntos que pueden ser resueltos con ayuda de jurisprudencia estable directamente con la autoridad administrativa. El principio de legalidad se encuentra consagrado como derecho fundamental en . Religión de Eduardo García Máynez, México, UNAM. ed., México, Porrúa. El principio de legalidad ha sido expresamente previsto en el inciso 1 del art. El contexto histórico promovió que ambas instituciones se dieran sustento mutuo, pues, …paulatinamente las sentencias constitucionales contribuyeron a moldear y desarrollar el juicio de amparo, aclarando muchísimos de sus aspectos procesales, de tal suerte que, así como la jurisprudencia surge de éste, también incide en él, por lo cual se puede afirmar que estamos en presencia de una evolución donde se dan influencias recíprocas.1. Guerrero Lara, Ezequiel y Guadarrama López, Enrique (comps. 58-59. II. Adicionalmente, establece que las normas jurídicas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales y que todas las autoridades locales en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sin embargo, ya no es posible negar la centralidad que los criterios interpretativos, emanados de los tribunales autorizados, tienen en la actualidad del derecho mexicano en pleno siglo XXI, particularmente en materia constitucional y sobre derechos humanos, de manera transversal. 26. Jurisprudencia por Contradicción de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Suárez Ávila, Alberto Abad y Fix-Fierro, Héctor, 2018, “El servicio profesional de carrera en la defensoría pública en México”, Política y Gobierno, vol. Ello obedecía a una interpretación estricta del principio de la separación de poderes originado en la Revolución francesa. De acuerdo con esta explicación, las Constituciones latinoamericanas de cada periodo muestran ciertos rasgos característicos que acompañan las incorporaciones normativas que aportaron. Mercadeo Kelsen, Hans, 1979, Teoría general del derecho y del Estado, trad. Por ejemplo, la igualdad es uno de esos principios que la judicatura ha ido transformando para hacerlo más completo y funcional, de modo que resuelva en la práctica problemas concretos de exclusión que puedan alcanzar a más personas de manera cotidiana. El objetivo transformador del ICCAL pasa por eliminar la brecha en el cumplimiento de protección a los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones jurídicas internas, pues como se ha visto, la aceptación estatal de las normas internacionales de derechos humanos, su incorporación en el derecho doméstico y la creación de mecanismos de protección para las personas, no son suficientes para el cumplimiento pleno de dicha obligación (Von Bogdandy, 2017: 10). En ese proceso de descubrimiento, de manera especialmente destacada, ha sido la judicatura la responsable de impulsar los cambios y modificaciones más urgentes y trascendentales en la manera de aproximarse y entender las verdaderas dimensiones de los derechos humanos en el Estado mexicano. En algunos casos la jurisprudencia puede dar lugar a normas jurídicas, pero no crea ni cambia la ley penal sustantiva, solo interpreta. Se parte de la amplitud, variedad y dinamismo de los asuntos que maneja el Estado a través de la función administrativa, sujeta al principio de legalidad, lo que incorpora el control jurisdiccional mediante el instrumental procesal acorde con el objeto controlado, con lo cual, el . Tal estado de cosas ha generado que las viejas estructuras e instituciones bloqueen las nuevas incorporaciones constitucionales o bien impidan su adecuada implementación (Gargarella, 2017: 228-231). Dichos criterios se originan gracias a que los particulares someten sus demandas al examen de los órganos judiciales para que resuelvan, que en los casos parcialmente determinados, requieren un ejercicio interpretativo que permita concretar, delinear y dotar de contenido a ciertos derechos y normas jurídicas en contextos específicos. Conclu-siones. Sin embargo, los criterios interpretativos del Poder Judicial contienen la concreción última del derecho vigente, de modo que es deseable que sus efectos y soluciones tuvieran un mayor alcance en consonancia con el tránsito efectivo a un Estado constitucional de derecho. En tal sentido, sostuve que requerimos implementar acciones concretas en el tránsito hacia un efectivo Estado de derecho constitucional. Cossío Díaz, José Ramón, 2008, “La función constitutiva de los tribunales constitucionales y la división de poderes”, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, núm. Al argumentar a favor de un modelo de ponderación orientado por reglas, Laura Clérico establece que la jurisprudencia contiene parte de las reglas que orientan a la ponderación,6 que se manifiestan como una red de “mandatos de consideración” que ayudan a determinar la intensidad y peso de la restricción de derechos. Pues bien, cabe pensar en la posibilidad de examinar los límites teóricos de nuestra concepción tradicional de legalidad. Una empresa sometió una acción de amparo en contra de la  Dirección General de Aduanas (DGA),  alegando que esa institución se excedió en sus facultades al imponerle una sanción, en violación a la Constitución y la ley. Al aceptar esta premisa, la construcción teórica de una noción robusta de legalidad permite considerar a la jurisprudencia estable como fuente central del derecho,31 aplicable para todas las autoridades administrativas, y en todos los casos que ésta ofrezca un desarrollo interpretativo protector de derechos humanos que se desprenda de una ley aplicable. Aun así, la Suprema Corte decidió mantener el criterio con relación a la resolución de contradicciones de tesis. El principio de legalidad de la Administración opera, pues, en la forma de una cobertura legal de toda actuación administrativa: sólo cuando la Administración cuenta con esa cobertura legal previa, su actuación es legítima. En México, como en otros países latinoamericanos de origen, se ha concedido, tanto en la legislación como en la doctrina, un papel muy limitado a la jurisprudencia como una fuente secundaria, incluso marginal, de derecho.10 Tradicionalmente, se entendía la función de los tribunales como la mera aplicación mecánica de la ley, ya que todas las respuestas estaban ya contenidas en ella, con lo cual no se admitía que la actividad jurisdiccional desempeñara un papel distinto a la aplicación. This article argues that the momentous constitutional reform of 2011 in the field of human rights, which is referred to as “the paradigm shift” in Mexico, is unable by itself to overcome all the obstacles of a legal order whose practices remain anchored to the 19th century. el principio de legalidad es, sin lugar a dudas, el principio más importante del derecho administrativo, puesto que establece que las autoridades administrativas - y en general, todas las autoridades que componen el estado - deben actuar con respeto a la constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le son atribuidas y de … Por lo cual, no hay razón para negar el carácter supremo que la interpretación tiene contenido en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. * el presente capítulo fue publicado con el mismo título en La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, t. 61, n° 2-3, montevideo, 1964, . 2. Es indispensable tener en cuenta que tanto el constitucionalismo transformador impulsado por el ICCAL como el desempeño del constitucionalismo de derechos humanos, depositan en la judicatura un papel activo y central para la materialización e implementación efectiva. ACTOS ADMINISTRATIVOS. Como he dicho, la particular concepción liberal del principio de legalidad se ha usado en nuestro contexto como “justificación” para el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades administrativas (en general todas las autoridades que pertenecen en el ámbito local o federal a la rama ejecutiva) en materia de derechos humanos. - Optimizar esfuerzos y recursos del Estado, y así evitar reenvíos innecesarios al prevenir potenciales violaciones a derechos al tiempo que se da coherencia y unidad a la actuación del propio Estado. Efectivamente, la llegada de tales reformas constitucionales fue disruptiva y extraordinaria porque, a partir de su irrupción en el orden constitucional mexicano, los derechos humanos comenzaron a ser considerados como parámetros de validez constitucional de toda actuación de autoridad. 2.3 Explicaciones históricas del principio de legalidad 2.4 Funciones teóricas del principio de legalidad 3. Dichas juntas tienen entre sus atribuciones, las vinculadas al Registro Federal de Electores, por ejemplo, la expedición y reposición de la credencial para votar con fotografía de los ciudadanos mexicanos. (eds. VI. Así, el principio de legalidad implica la sujeción plena de la administración pública a la ley que, al proveerle de un marco jurídico, la habilita para actuar y define los límites de dicha actuación a través de la concesión de potestades (García de Enterría, 1974: 449; Rubio, 1993: 21-22). La jurisprudencia mexicana y el principio de legalidad: una compleja relación, Binding Case Law and Principle of Legality in Mexico: a Complex Relationship, Boletín mexicano de derecho comparado, vol. Más adelante, la promulgación de la Constitución de 1917 marcó el rumbo de la jurisprudencia, pues al cambiar la norma fundamental, aquella emitida bajo las normas constitucionales de 1857 quedó inoperante. La acción de amparo fue acogida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordenó la eliminación de la multa impuesta por la DGA mediante oficio. La incorporación de los derechos humanos en las Constituciones son fuente de legitimidad y justificación de la acción política y jurídica de una comunidad, su reconocimiento a nivel constitucional funge como garantía de la importancia de tales derechos (opuesta al carácter legal ordinario) (Aguiló, 2003: 290). La función registral se prestará con base en los principios registrales contenidos en esta Ley y el Código, los cuales se enuncian a continuación de manera enunciativa más no limitativa: Legalidad: Este principio también conocido como principio de calificación registral . 128. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad explicar cuál es la relación entre la discrecionalidad de la Administración y el principio de legalidad. De modo que la eventual remoción de dicha limitante aportaría beneficios a todas esas esferas de acción de la administración, no solamente en materia de derechos humanos. El principio de legalidad se consagra como uno de los pilares fundamentales respecto de la actuación del Estado en el ámbito administrativo. Con la elaboración de documentos internacionales que recogieran los derechos a manera de estándar internacional con órganos de supervisión y control, dio inicio el proceso de internacionalización del derecho constitucional de los derechos humanos (Ferrer, 2018: 665). Dichos principios son la fuente natural del principio de la legalidad administrativa[13]. Podría decirse que son el vehículo para trasladar los avances internacionales en derechos humanos a los ciudadanos de a pie, pero esta noción no adquiere pleno sentido hasta que imaginemos que cada ciudadano puede acceder al ejercicio más pleno de sus derechos, a través de cualquier autoridad y respecto de cualquier petición. López Medina, Diego, 2015, “Obediencia judicial y administrativa de los precedentes de las Altas Cortes en Colombia: dos concepciones del fin y uso de la jurisprudencia como fuente del derecho”, Precedente, núm. Comparación entre usos y justificación del principio de legalidad en el Ecuador 3.1 Concordancia 3.2 Incompatibilidad 3.3 Funciones no enunciadas por la teoría 4. Therefore, this paper analyzes our conception of legality in administrative matters and suggests moving to a more robust legality while inviting us to rethink the configuration of binding case law. ), Transformative Constitutionalism in Latin America, Nueva York, Oxford University Press. 11/2016) me tropiezo con que, de pasada, reprocha que "la sentencia impugnada incurre en una cierta imprecisión jurídica al destacar «el principio de oportunidad administrativa» como paradigma de la actuación de la Administración". Principio de interdicción de la arbitrariedad. Del principio de legalidad administrativa. En este sentido, la administración no podía actuar con propia autoridad, sino al amparo de la autoridad de la ley como expresión legítima de la voluntad de la comunidad (García de Enterría, 1974: 442-443). Al respecto, y en el entendido de que la concepción de legalidad que mantenemos en México es una concreción que se dio como resultado del tránsito al Estado liberal de derecho (noción afianzada en el constitucionalismo fundacional), cabe la posibilidad de ampliar nuestro concepto con otras posibles notas que le permitan un desdoblamiento adecuado a la luz de la problemática que se viene analizando. Obsérvese que la tensión que planteo parece un ejemplo de la tensión que se presenta en términos constitucionales entre instituciones y afirmaciones, que pertenecen a distintas etapas constitucionales, en los términos de Gargarella. Al respecto, es evidente que en nuestro sistema jurídico se ha ignorado o demeritado durante mucho tiempo el papel que tiene la jurisprudencia debido a que tenemos un sistema de derecho codificado. 248 del TUO de la LPAG, en los siguientes términos: Artículo 248.-. En definitiva, robustecer el concepto de legalidad permite ampliar el alcance de la jurisprudencia a todos sus destinatarios naturales, más allá de limitarlos a los órganos judiciales, con lo cual se permite que las virtudes de la doctrina judicial estable beneficien a los ciudadanos y que en ese concepto robusto de “legalidad”, los órganos administrativos encuentren la vía de cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, que es un mandato constitucional. Tiempo después, nuevamente se buscó reformar la Ley Orgánica Constitucional sobre el Recurso de Amparo de 1869. 4, núm. Copyright © 2016 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. Es que me encontré con el Maestro Cestero, Clavos para el ataúd de los jesuitas de España (1767). Lo relevante de esta observación es advertir que nuestra historia constitucional no ha registrado al Poder Judicial como un órgano proclive a la acumulación de poder, sino más bien tendiente a conservar (si bien con sus altibajos) cierto grado de autonomía e independencia respecto de los otros poderes; por ejemplo, al fungir como institución protectora de los derechos fundamentales de los particulares durante el porfiriato (Fix-Zamudio, 1967: 44). 10. Una visión del siglo XX, México, SCJN. Publicidad Principio de la debida defensa. Es así que dichos órganos se encargan de la expedición y reposición de tales instrumentos; sin embargo, en año electoral hay un término legal para que los ciudadanos la soliciten, a fin de tener actualizado y completamente integrado el padrón electoral en el momento de la elección. Si el objetivo de un Estado constitucional de derecho es precisamente garantizar y promover los derechos humanos; si el Poder Judicial de la Federación cotidianamente garantiza y promueve los derechos humanos de los justiciables con sus resoluciones, como la Constitución lo mandata, incluso de manera progresiva. La naturaleza e importancia del precedente judicial. En los inicios del Estado de derecho se revalorizó la ley y su papel como el elemento para eliminar las arbitrariedades, de modo que jugó un papel central aun cuando se trataba de una legalidad puramente formal, según la cual nadie está por encima de la ley (García Ricci, 2011: 37; Vignolo, 2011: 788). Gargarella, Roberto, 2017, “The «New» Latin American Constitutionalism. División Radial. Este principio, además, está relacionado con la capacidad de la Administración para actuar con respeto y dentro del marco que establecen las leyes, la Constitución y el derecho (Rebollo, 2017). Dicha superación hace referencia a que nos encontramos en un entorno constitucional mucho más rico y complejo, en el que el principio de división de poderes se ha de entender mejor en clave de cooperación e interdependencia de los diversos órganos del Estado, toda vez que la protección de la libertad hoy en día no depende de manera exclusiva de la división de poderes (García Roca, 2000: 48; Cossío, 2008: 103). La jurisprudencia mexicana y la naturaleza del precedente judicial. No obstante, esta reforma vanguardista y progresista carece de la capacidad de sortear por sí misma todos los obstáculos que plantea un orden jurídico, cuyas prácticas e instituciones jurídicas permanecen ancladas al siglo XIX. Hemos de tener en cuenta que la autoridad administrativa emite actos administrativos que son en sí mismos jurídicos y unilaterales en el ejercicio de su potestad, cuya consecuencia es crear, reconocer, modificar, transmitir o extinguir una situación jurídica subjetiva, pero cuya finalidad última es la satisfacción del interés general (Serra, 1998: 238). Por lo cual, debe ser una responsabilidad primaria de las autoridades del Estado mexicano el conocer y aplicar la jurisprudencia en su ámbito de competencia como parte de las normas jurídicas que la legalidad demanda. Principio de prohibición de la doble investigación o sanción, IX. Es cierto que robustecer el principio de legalidad puede encontrar resistencias; sin embargo, se debe considerar que esta propuesta no requiere una actuación indebida de la autoridad administrativa, sino sólo aquello que exige la actual configuración constitucional, la cual demanda una actuación administrativa acorde con las responsabilidades estatales en materia de derechos humanos. 25, núm. Gómora Juárez, Sandra, 2018, “La ejemplaridad y proyección del precedente”, Problema. Con todo, el Estado mexicano no estaría más que tomando medidas para el efectivo cumplimiento del compromiso internacional contraído con la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al adoptar las medidas legislativas y de otro carácter que son necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Convención. Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Febrero de 2021 .Materia: Acción contenciosa administrativa. Con su surgimiento, a las Constituciones se les concibió como el instrumento para sujetar el Estado al derecho, pero además adoptaron (en su parte dogmática) la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, por lo que entre sus tareas se agregó la de garantizar los derechos humanos (García Ricci, 2011: 31 y 36). (eds. 7/2015) Ponente:MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE Tipo de Resolución:Sentencia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, “Situación de Derechos Humanos en México”, Informe de país, OEA/Ser.L/ V/II.Doc.44/15. Club de Lectores La jurisprudencia, pues, contiene criterios interpretativos que los tribunales establecen en la aplicación e interpretación del contenido jurídico normativo vigente, que incluye también normas jurídicas convencionales de los que México es parte. que, en materia administrativa rige el Principio de Presunción de Legalidad de los actos . ed., México, Porrúa. Tal criterio vinculante fue emitido pensando precisamente en los casos extraordinarios, no atribuibles a los ciudadanos, en los cuales las autoridades administrativas electorales debían reponer la credencial de elector fuera de los plazos legales. En esa misma línea se reconoce la importancia del papel de los criterios interpretativos autoritativos en el marco de la argumentación en sede judicial ante el conflicto entre derechos. Este rasgo responde a una narrativa específica, como señala Serna (2012: 9-10), acerca del origen, funciones, estructura y justificación del Estado y del derecho presente en el imaginario jurídico-constitucional dominante en México. En México, su alcance y la obligatoriedad están limitados a tribunales federales y órganos de impartición de justicia locales. No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido como delito en este Códig.. . Por esta razón, conviene discutir y transitar a una forma robusta de legalidad adecuada para un Estado de derecho constitucional. Sentencia nº 035 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-05-2021. ASÍ, ES IMPORTANTE REPLANTEARNOS ESTE SENTIDO CON BASE EN LA LEALTAD A LOS POSTULADOS DE LA CONSTITUCIÓN. El tránsito al Estado constitucional de derecho recogió, como nuevo requisito de validez de las leyes, su adecuación al contenido de la Constitución, que es la ley suprema del propio Estado. García de Enterría, Eduardo, 1984, “Principio de legalidad, estado material de derecho y facultades interpretativas y constructivas de la jurisprudencia en la Constitución”, Revista Española de Derecho Constitucional, vol. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, La intepretación de los derechos humanos y sus garantías por la Suprema Corte de Justicia. El artículo 39.1 de la Ley 39/2015, . Oh! Tal práctica es una muestra de los efectos nocivos que conlleva aferrrarse a una noción de legalidad que es insuficiente para el contexto jurídico actual y que no se corresponde con los rasgos de un Estado de derecho constitucional que afirmamos tener. Entre los déficits reportados por la Comisión Interamericana (2018: 11) en el informe de país de 2016, sobre la situación de los derechos humanos en México, se encuentra: [La] profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Dicho periódico, creado para la publicación de las sentencias definitivas (de 1867 en adelante) de los tribunales federales, llevó el nombre de Semanario Judicial de la Federación (Guerrero, 1984: 12). El planteamiento originario del principio de legalidad administrativa postulaba la creación de “la administración”9 como una entidad abstracta cuyos actos no procedían de un soberano, sino de esta entidad sometida a la ley. FJ III.4 "Se ha hecho abstracción del principio de legalidad o tipicidad, por cuanto la sanción que se impuso al accionante, debió responder exactamente a . Podemos incluso coincidir acerca de la gran importancia del “bloque de constitucionalidad” en México, que en sede judicial ha tenido un desarrollo formidable, dando cuenta así de la incorporación de los derechos humanos, de origen internacional, al catálogo de derechos fundamentales de la Constitución mexicana, y participando incluso de la ampliación del bloque para recibir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ferrer, 2018: 671). Por ello, es de la mayor importancia el desarrollo jurisprudencial, así como el análisis en torno al mismo, pues los órganos jurisdiccionales tienen en sus manos la atribución permanente de asignar significados para casos presentes y futuros en el derecho. De modo que “…la ley no se limita a hacer posible una actuación del gobierno que sin ella no lo sería, sino que incide directamente sobre los derechos y deberes de los ciudadanos, [y con ello] ha de tener necesariamente una estructura material determinada…” (Rubio, 1993: 33). Dado el carácter transversal y la naturaleza de la jurisprudencia en materia de derechos humanos, es factible reconocer su aptitud como vehículo de transformación, capaz de impulsar un cambio sustantivo de percepción en torno al papel que tiene en nuestro ordenamiento jurídico, de ahí la centralidad que le atribuyo a la institución jurídica. Lo anterior implica el tradicional principio de legalidad referente a "no hay delito ni pena sin ley". Esta medida contribuyó a evitar que la Constitución fuera interpretada en sentidos opuestos y propició la unificación de criterios al erigirse la Suprema Corte como la responsable de la interpretación constitucional (Cabrera, 2002: 238, 239, 241 y 242). El principio de legalidad está contenido en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la LGAP. 14 CE) y el término de comparación idóneo. Bergalli, Roberto, 1998, “Principio de legalidad: fundamento de la modernidad”, Jueces para la Democracia, núm. En su planteamiento original, conforme al principio de legalidad, la Administración pública no podría actuar por autoridad propia, sino que ejecutando el contenido de la ley. Esta descripción es una imagen cotidiana de la interacción entre ambos poderes. 114 y ss LJ) es un proceso especial con unas particularidades añadidas que pueden resultar muy ventajosas: tramitación preferente, carácter potestativo del agotamiento de la vía administrativa, no siendo preciso el recurso de . El principio de igualdad retributiva (art. La jurisprudencia mexicana y la naturaleza del precedente judicial. Así, aunque la jurisprudencia pretende tener fuerza autoritativa en México y desarrolla la concreción última y más acabada de los derechos, ocurre que el principio de legalidad como lo hemos entendido tiene un efecto limitante en su alcance, pues no sólo limita a las autoridades distintas a la judicial a seguirla de primera intención -debido al estricto apego a la ley-, sino que también evita que los particulares atiendan (fuera del ámbito judicial) las reglas de precedente que proceden de un origen distinto al legislativo. 3934 resultados para Principio de legalidad administrativa. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, 2018, Panorámica del derecho procesal constitucional y convencional, Madrid, Marcial Pons-UNAM. Ahora bien, dado que es razonable proteger a los ciudadanos de intervenciones arbitrarias del Estado, el objetor podría replicar cuál es el problema con este estado de cosas. internacionalización del derecho constitucional, constitucionalización del derecho internacional, Origen y configuración de la jurisprudencia mexicana, La naturaleza e importancia del precedente judicial, La relación principio de legalidad-jurisprudencia, Ius Constitutionale Commune en América Latina, Transformative Constitutionalism in Latin America, El Constituyente de 1917 y el Poder Judicial de la Federación. Aunado a lo anterior, la materia penal es la materia por excelencia a la que se destina la defensoría pública, y el estado de cosas que guardan las defensorías públicas en las entidades federativas no es alentador según los diferentes indicadores que muestran las disparidades de las legislaciones locales en el diseño de las mismas (Fix-Fierro, 2015). I. introduCCión En México, en el discurso jurídico solemos identificar las reformas consti- Principio de legalidad en la Legislación Mexicana. VII. 32. Época: Novena Época Registro: 170843 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 28 73, XXIX-J.- Para legislar en materia de deporte, estableciendo las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y . En la práctica judicial y ante la falta de reglas procesales adecuadas, los jueces fueron definiendo los aspectos procesales que, aún hoy, definen al juicio de amparo, pues los propios juzgadores fueron sentando las bases de lo que más adelante configuraría las características esenciales del juicio de amparo (Acosta, 1998: 22-23). Aguiló Regla, Josep, 2003, “Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional”, Doxa, núm. Este pasaje permite dimensionar la centralidad e importancia que ambas instituciones tuvieron en el contexto histórico mexicano y cuyo impacto ha trascendido hasta nuestros días. Relevancia jurídica del Principio. Por ello, este trabajo analiza nuestra concepción de legalidad en materia administrativa, y sugiere transitar a una legalidad más robusta, al tiempo que invita a repensar la configuración de nuestra jurisprudencia, mecanismos todos ellos para coadyuvar a una efectiva protección de derechos humanos en México. La respuesta no parece ser otra sino desgastar al ciudadano, obstaculizar el ejercicio de derechos, duplicar esfuerzos y gastar recursos públicos y privados para llegar a un resultado conocido de antemano por las autoridades administrativas y establecido en la jurisprudencia estable. Así, en un sentido, el principio de legalidad afecta el alcance de la jurisprudencia, ya que no sólo impide a las autoridades distintas a la judicial seguirlo y aplicarlo de manera directa, sino que incluso desincentiva entre los particulares el uso y recurso a las reglas de precedente fuera de los espacios jurisdiccionales (Gómora, 2018: 221). 10. 32. Esta ampliación a la noción de legalidad tuvo que operar en el nivel del discurso y la práctica, principalmente, ya que ni constitucional ni legalmente había obstáculo alguno para reconocer la importancia creadora de la jurisprudencia. el principio de legalidad, nace a la vida jurídica del contenido del artículo 16 de la constitución mexicana, dicho principio determina el que las actuaciones de las autoridades deben efectuarse dentro del marco de sus facultades legales, y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de … Como éste, hay muchos ejemplos que revelan la redundancia de los procesos y la ineficiencia estatal en la protección de derechos.18 Por lo que cabe preguntarnos, ¿cuál es el sentido de esta práctica? III. En concreto, la jurisprudencia proporciona la historia del peso de un principio bajo determinadas condiciones y frente a principios colisionantes, proporcionando así, soluciones para futuros casos o mostrando el sentido que debe tomar la justificación de la solución (Clérico, 2015: 94).7. ed., Madrid, Thomson-Civitas. En el caso de la jurisprudencia mexicana, sin embargo, la preminencia del principio de legalidad limita el alcance de la regla jurisprudencial únicamente a las partes involucradas y a los tribunales, ya que no obliga a los particulares a invocarla en el futuro ni a las demás autoridades a conocerla o aplicarla directamente. Al ser así, los alcances y consecuencias de esta limitante van más allá de la deficiente protección de los derechos humanos y alcanzan las diversas áreas del derecho que aplican los órganos administrativos. Sugerí que una de esas acciones concretas es robustecer nuestra concepción del principio de legalidad y ampliar el alcance de la jurisprudencia estable del Poder Judicial de la Federación, a fin de que las autoridades administrativas puedan aplicarla. El Pleno de la Corte, se volvió a integrar con once ministros, a fin de facilitar la deliberación y propiciar la interpretación coherente; la duración de su encargo se estableció de quince años máximo (sin perder la inamovilidad); se estableció la competencia exclusiva de la SCJN para conocer de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; y para aliviar la carga de trabajo administrativo del Poder Judicial se creó el Consejo de la Judicatura Federal (Cabrera, 2002: 255-261). La relación principio de legalidad-jurisprudencia. el principio de legalidad es un principio fundamental de la administración pública, el cual rige las actuaciones la administración sometiéndolas a la ley y al derecho, tiene dos tipos de vinculaciones la positiva como sentido de que la administración puede hacer solo aquello que la ley le permita, solo podrá actuar si y solo si está expresamente … En el trasfondo de esta discusión subyace una tesis crítica que indica que existe un traslape y colisión de instituciones que coexisten, propugnando afirmaciones diversas, las cuales pertenecen a diferentes etapas del constitucionalismo latinoamericano. Principio de proporcionalidad, VII. No obstante, la otra dimensión de su función, la de establecer criterios estables para la aplicación futura del derecho, no logra aportar todas sus bondades en la protección de derechos más allá del ámbito judicial. Hernández, María del Pilar, 2008, “La jurisdicción constitucional. Trata-se de um artigo sobre o princípio da legalidade administrativa. Los principios generales del derecho Administrativo. Al respecto, tiene dicho el Tribunal que el principio de legalidad o reserva de ley no es solo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes. - Aprovechar mejor las capacidades del Estado al trabajar conjuntamente y aplicar la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación en los asuntos de la competencia de los órganos del Estado que se trate, que ya han sido ampliamente discutidos, resueltos y reiterados por el Poder Judicial. 4 No obstante, tradicionalmente, el principio de legalidad se Esta implementación traería consigo enormes avances, pues permitiría, entre otras cosas: - Beneficiar a los ciudadanos con la aplicación directa de la jurisprudencia en sus interacciones con los entes de la administración pública. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: decisión administrativa y sentencia- o, en la relación entre estos actos de . En México, en el discurso jurídico solemos identificar las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011 como constitutivas de un “cambio de paradigma” en la manera en que se concebían y protegían los derechos humanos. Durante 2012 (año que fue electoral), aconteció que en la quinta circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrada por los estados de Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán, las juntas distritales comenzaron a negar la reposición de la credencial de elector a los ciudadanos, sustentando su resolución en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), hoy LEGIPE (principio de legalidad). Rubio Llorente, Francisco, 1993, “El principio de legalidad”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. En México, hablar de jurisprudencia nos remite a los criterios interpretativos contenidos en las sentencias judiciales de los tribunales autorizados para ello por la Ley de Amparo, pensemos en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. El principio de legalidad y el sistema jurídico mexicano. Tesis nº VII-P-2aS-665 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Diciembre de 2014. . Se trata, pues, de una discusión que nos concierne y que debemos sostener en aras de fortalecer nuestras instituciones y el sistema jurídico mexicano. 31. la sanción administrativa de destitución debe estar expresamente establecida en la disposición legal utilizada como base de la sanción. Se trataba pues de una respuesta adelantada a la cuestión que se suscitó en las juntas distritales y protectora de derechos político-electorales. administrativa de ese mismo principio general surge la necesidad de conferir una amplia opor- Tal ha sido la travesía y configuración de la mayoría de los Estados modernos, y el caso mexicano no es la excepción. Fix-Zamudio, Héctor y Cossío Díaz, José Ramón, 2003, El Poder Judicial en el ordenamiento mexicano, México, Fondo de Cultura Económica. . Serra Rojas, Andrés, 1998, Derecho administrativo, 19a. García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, 1974, Curso de derecho administrativo I, 12a. Estudio de macrocomparación”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Zaldívar Lelo De Larrea, Arturo (coords. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA. En 1994, la Constitución fue modificada nuevamente sobre aspectos fundamentales como: la estructura de la Corte, régimen de los ministros, nueva competencia constitucional de la Corte y el Consejo de la Judicatura, entre otras (Hernández, 2008: 279; Valencia, 1995: 414). Postulados básicos y transformaciones”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLIV, núm. Del principio de legalidad administrativa. Valencia Carmona, Salvador, 1995, Derecho constitucional mexicano a fin de siglo, México, Porrúa-UNAM. De ahí que si el ciudadano no tuvo la oportunidad de solicitar la reposición de la credencial para votar dentro del término legal, derivado de situaciones extraordinarias como el robo, extravío o deterioro de la referida credencial, acaecidos con posterioridad a dicha temporalidad, debe reponerse para permitir al ciudadano ejercer su derecho a votar en los comicios respectivos (Jurisprudencia 8/2008). La propuesta sugerida parte del respeto a la división de poderes, ya que, gracias a ella, el Legislativo emite las leyes que el Judicial aplica y en ocasiones interpreta. Una aproximación jurisprudencial, México, CNDH. Hans Kelsen explicó claramente la sustancia de esta noción al referirse a la distinción entre un individuo que es parte de la administración pública y uno que no lo es: “Un individuo que no funciona como órgano del Estado puede hacer todo aquello que no está prohibido por el orden jurídico, en tanto que el Estado, esto es, el individuo que obra como órgano estatal, solamente puede hacer lo que el orden jurídico le autoriza a realizar” (Kelsen, 1979: 313). 155, pp. 1. JURISPRUDENCIA Principio de legalidad Wanda Méndez tiempoparaelalma@hotmail.com Una empresa sometió una acción de amparo en contra de la Dirección General de Aduanas (DGA), alegando. Historia En el marco de esta constatación, cobra relevancia la relación de la jurisprudencia con el principio de legalidad, ya que formalmente y de facto, los órganos de la administración pública del Estado mexicano han mantenido y mantienen una adhesión absoluta (al menos en el discurso) a la más estricta legalidad de sus actos. Recordemos que la delimitación de nuestros conceptos es un proceso artificial que nos permite representar la realidad de cierta manera con el propósito de emplearla para diferentes fines; sin embargo, es posible advertir las limitaciones de tales límites teóricos cuando contrastamos nuestros conceptos con los contextos prácticos (Del Mar, 2008: 128-131). Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, Panorámica del derecho procesal constitucional y convencional, El amparo administrativo y la mejora regulatoria, El Poder Judicial en el ordenamiento mexicano, Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, Revista Española de Derecho Constitucional, Estado de derecho y principio de legalidad, Un análisis conceptual del precedente judicial, La interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia (1917-1982), La ciencia del derecho procesal constitucional. El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales (arts. Ahora bien, para muchos autores parecería algo “natural” aceptar que el principio de legalidad se ha transformado profundamente en el Estado constitucional de derecho y que, dado que las leyes también están sometidas a la Constitución, cabría esperar que la supremacía constitucional y su control, así como el producto de ese control, fuese visto como aquello que compone el imperio de la ley.
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